Durante ocho meses ha trabajado de manera reservada el ministro en visita Mario Carroza en una investigación que busca dilucidar quiénes participaron en la preparación del golpe de Estado de 1973 y con cuánta anterioridad se comenzó a gestar el derrocamiento de Salvador Allende.
El magistrado abrió el proceso judicial en enero luego de que agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos presentaran una querella contra los “instigadores” del golpe.
La acción judicial, patrocinada por el abogado Eduardo Contreras, apunta a las personas vinculadas al complot para derrocar a Allende, entre quienes hay políticos, miembros de gremios y personas vinculadas a medios de comunicación, entre otros.
En el expediente también consta una diligencia en que el juez ordenó a la PDI “ubicar y entrevistar” en calidad de testigo a Agustín Edwards Eastman, dueño del diario El Mercurio y, posteriormente, al abogado Pablo Rodríguez Grez, fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad y posterior abogado de Augusto Pinochet.
En la querella contra los “instigadores” se invocan delitos contemplados en el Código Penal como alzamiento y sublevación: “Se solicitó que se indagara el período anterior al golpe militar y verificar si en ese tiempo se cometieron algunos ilícitos. En ese sentido, hemos desarrollado todas las diligencias que sean necesarias para tomar una determinación una vez que éstas concluyan y establecer si hubo o no algún ilícito que pudiera perseguirse y, por supuesto, encontrar a los responsables”, dijo a La Tercera el juez Carroza.
“Estamos en las indagaciones preliminares recabando los antecedentes y datos que sean necesarios”, confirmó el ministro, que trabaja junto a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI
“Se busca llegar al fondo. El golpe no es obra sólo y exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que a una conjura fraguada antes de que Allende asumiera el Gobierno”, destacó Contreras.
VIA: EL CIUDADANO
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